La noche del 10 de junio del 2026, el viento soplaba con la tibieza fresca y ligera que anticipa el verano en la Ciudad de México, sobre la Calzada de Tlalpan, automovilistas sonaban sus cláxones desesperados por avanzar, su impaciencia se ahogaba frente a una marea de personas exigiendo para sus seres queridos lo mismo que los automovilistas anhelaban en ese momento: volver a casa.

Entre las familias buscadoras el ambiente era opuesto, por fuera mostraban calma, esperaban con paciencia, entre ellas se percibía un cobijo cálido, un apoyo mutuo e incondicional, pues se abrazaban y se sostenían entre sí. Algunos transeúntes se paraban a mirar con curiosidad, detenían el paso un instante para leer las pancartas y las fichas de búsqueda que empezaban a llenar postes y fachadas; otros caminaban a prisa, con el rostro desencajado, intentando tomar un transporte que los sacase de la zona. Toda la prisa cotidiana de la hora pico terminó acallada por la contundencia del reclamo que helaba el pecho, que te obligaba a mirar y a sentir, aunque fuera un poco, el dolor de las familias buscando, la exigencia irrenunciable de encontrar con vida a quienes les faltan. En esta marcha no se izaban banderas de equipos ni de países participantes, sino que se ponían al aire los rostros de quienes se niegan a irse con él, a ser olvidados y borrados.

Faltando pocas horas para el silbatazo inicial del torneo de fútbol más importante del mundo, la vía principal que lleva al “coloso de Santa Úrsula”, ya estaba llena de personas. Sin embargo, en el aire no se sentía un ambiente festivo. No había risas, ni cánticos, ni la euforia habitual que acompaña el rodar del balón. Las personas que avanzaban por la avenida no estaban felices. Buscaban a sus seres queridos y llevaban lonas con retratos impresos, fichas de búsqueda desgastadas, velas encendidas, picos y palas con los que remueven la tierra en busca de sus seres queridos. Eran las familias cuya presencia buscaba interrumpir el silbatazo inicial, clausurando en el aire su sonido festivo con el grito unánime por atención y justicia. Tenían una meta: lograr que sus demandas resonaran con más fuerza que el silbatazo de apertura, que el retumbar de los altavoces en el estadio y que el estruendo de una fiesta internacional con beneficio para pocos. 

A la altura de la estación Registro Federal del Tren Ligero, el contingente esperó. Con el pasar de los minutos, una bruma de impotencia y frustración emergió como una niebla densa sobre el asfalto, impregnando cada bocanada de aire, cada corazón presente. “¿Por qué no avanzan?”, preguntó un hombre; “qué están esperando?”, murmuró alguien más. Fue muy sencillo preguntarlo, fácil no entender la naturaleza de la espera. Tan solo unos minutos para reunir aforo, para atraer atención pueden impacientar a los asistentes porque la paciencia no es una virtud que se dé con facilidad; sin embargo, las familias de víctimas de desaparición han aprendido a esperar, a acompañarse y sostenerse mutuamente en la incertidumbre. Mientras aguardaban, su consigna retumbó sobre el rugido del tren y el tráfico: “¡No puede haber una fiesta allá, mientras nosotros tenemos un gran dolor!”. Las familias no pretendían la cancelación del torneo ni impedir que “la pelota volviera a casa”; exigían, en el preciso instante en que los ojos del mundo se posaban sobre nuestro país, que el Estado atendiera la crisis humanitaria de más de ciento treinta mil personas desaparecidas, de ciento treinta mil personas que, al contrario que la pelota, no pueden volver a su hogar.  

Pero el Estado tenía otra prioridad: proteger la estampa de tranquilidad proyectada hacia el exterior. A la altura de la estación Textitlán, la fluidez de la marcha, que no llevaba ni un kilómetro avanzando, se interrumpió abruptamente. Frente a los contingentes no aparecieron, en primera instancia, escudos antidisturbios ni granaderos con cascos oscuros. Lo que emergió en medio de la calzada fueron hileras, no tan compactas, de hombres y mujeres vestidos de civiles que portaban chalecos grises con franjas fosforescentes. Era el resurgimiento del denominado “cinturón de paz”, desplegado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 

En ese instante se materializó una brecha profunda, comunicativa y de solidaridad, fabricada y a punto de ser capitalizada por el aparato estatal. Esta fractura sistemática, esta brecha entre servidores públicos, empleados del gobierno y la población civil manifestante, cancela los canales de entendimiento mutuo y genera un recelo de doble vía: por un lado, una población civil agraviada que exige ser escuchada; por el otro, servidores públicos a los que se les enseña a mirar el dolor como un riesgo operativo, como una amenaza a la seguridad estatal. Al distanciar la comunicación, se nulifica la capacidad de entendimiento, el Estado clausura la posibilidad de que surja la empatía entre las partes, enfrentando a ciudadanos desesperados en busca de sus hijos contra ciudadanos subordinados por un contrato de trabajo. Esta brecha no solo aísla a las víctimas, sino que funciona como una estrategia política para diluir la responsabilidad ejecutiva, neutralizar la movilización social y encaminar el escenario hacia un limbo donde la justicia no llega. 

La brecha se materializa.

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México frente al Cinturón de Paz.

Existe una fisura cotidiana entre la burocracia estatal y la ciudadanía golpeada por la violencia. Se percibe en las calles al andar, en las ventanillas administrativas, en los ministerios públicos, en las fiscalías inoperantes que escuchamos necesitan reformarse desde dentro. Durante la noche del 10 de junio, esa distancia se hizo evidente. Había unos escasos cincuenta metros entre las familias que buscan y los servidores públicos que pretendían ser pacificadores de la situación delante de ellas. Conforme el espacio físico entre ambos grupos se reducía a unos cuantos pasos, la distancia de entendimiento, por el contrario, parecía multiplicarse. Esta paradoja reveló que la verdadera cercanía no se construye con la presencia geográfica ni con mesas de diálogo que pretenden calmar las aguas; lo que se requiere, para empezar, es reducir la brecha empática. Que las instituciones y sus trabajadores no solo abran un espacio de contención, sino que abran el juicio a la sensibilidad, asumiendo el dolor ajeno como propio y comprendiendo que la razón de ser de su labor administrativa es, precisamente, aliviar a las familias en la herida que se les ha hecho al arrebatarles a sus seres queridos.

El Estado posee el monopolio de la fuerza pública y la violencia, así como también tiene el mandato constitucional y ético de garantizar la justicia, velar por la seguridad y proteger a sus ciudadanos. Sin embargo, el despliegue de la primera opaca notablemente a la segunda. En la práctica, la noche del 10 de junio, el gobierno recurrió a su propia fuerza laboral de bajo rango, es decir a los empleados y trabajadores que carecen de verdadero poder de decisión o acción directiva en la estructura estatal, como un amortiguador político. Los integrantes del “cinturón de paz” no eran altos funcionarios ni mandos policíacos; eran trabajadores operativos, administrativos y personal de apoyo. 

El antropólogo Akhil Gupta explica al señalar que la violencia del Estado raras veces se manifiesta de forma exclusiva mediante el uso de la fuerza bruta o el fuego de las armas; la forma más extendida y corrosiva de la violencia estatal opera a través de la arbitrariedad, la indiferencia institucional y los procedimientos burocráticos cotidianos que deshumanizan el dolor ajeno.  Sobre la Calzada de Tlalpan, esta violencia burocrática se desplegó de nuevo. No bastaba con la violencia cotidiana a la que ya se enfrentan las familias de desaparecidos durante las horas laborales en los escritorios gubernamentales; ahora se enfrentaban a un despliegue burocrático mediado por una “pedagogía del miedo”, un concepto que la autora argentina Rita Segato ha teorizado para explicar cómo las estructuras de poder disciplinan a la sociedad mediante el entrenamiento del terror y la insensibilización. 

Existe una narrativa simplificada y estigmatizante entorno a la protesta social: se advierte a voz baja a los trabajadores que los manifestantes son impredecibles, volátiles. Así, las familias de desaparecidos, a pesar de declarar por todos los medios que su movimiento es pacífico, son cubiertos por el prejuicio; su frustración se malinterpreta y su enojo se utiliza como un arma ideológica en su contra. Con ello, el gobierno no busca preparar a sus empleados para el diálogo, sino condicionarlos mental y psicológicamente para la contención defensiva. Se siembra, en ambas partes, el recelo deliberado para neutralizar cualquier brote de empatía. La pedagogía del miedo condiciona a la ciudadanía a la pasividad, normaliza la subordinación, mientras que al mismo tiempo configura una cultura política donde se adiestrada al sometimiento y al no cuestionamiento de los excesos del poder. 

Al observar de cerca las hileras de chalecos grises, la tensión era palpable. Los servidores públicos no portaban armas, estaban expuestos, sin más protección que la indicación de no romper filas. A menos de cincuenta metros, las madres levantaban los retratos de sus hijas e hijos; exigían el paso, necesitaban llegar al Estadio, no para romper, sino para reclamar atención. Necesitaban decirle al mundo que viera, que se solidarizara con ellas y exigiera la aparición con vida de los que aman. Ellas querían y necesitaban pasar; era su esperanza que ocurriera algo que impulsara la búsqueda, que hiciera llegar la justicia, el sosiego y el reencuentro. 

En este punto, la pedagogía del miedo se entrelaza de manera directa con lo que Lipsky (2010) conceptualiza sobre los “burócratas a nivel de calle”, a quienes denomina como aquellos trabajadores y empleados de primera línea que, en su interacción directa con el público, terminan ejecutando y aplicando la política intimidatoria del Estado. Atrapados entre las directrices de contención que bajan desde la cúpula directiva y las demandas humanas, complejas de la población, estos empleados se ven orillados a poner de distancia emocional para sobrevivir laboral y emocionalmente a su rutina. El adiestramiento inconsciente, que fue inculcado por su entidad empleadora, impulsa a estos trabajadores a actuar en un reflejo defensivo de la maquinaria estatal. 

La mirada evasiva del servidor público esa noche sobre Tlalpan no era un signo de maldad individual generalizada, sino el síntoma de una parálisis ética impuesta. Desobedecer la consigna de mantenerse en línea implicaría el riesgo de una amonestación o de perder el empleo en una estructura burocrática caracterizada por la inestabilidad. La precarización laboral se convierte así en el garrote invisible con el que el Estado garantiza la disciplina de sus trabajadores: que se presenten al cinturón, que se mantengan y aguanten frente a los manifestantes, ejerciendo de filtro humano a pesar de no poseer ningún poder real de solución dentro de las cúpulas del gobierno. 

El Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, se presentó con su cuerpo de seguridad y declaró a los medios que estaban buscando entablar un “diálogo” con las familias, que no eran percibidas como amenaza. Afirmó que se les podían brindar alternativas de solución, pero que no podían pasar más allá del cinturón de paz. Sin embargo, para las madres que acumulan años de carpetas de investigación traspapeladas y promesas incumplidas en oficinas gubernamentales, la presencia del funcionario sin respuestas concretas resultó insuficiente. La comitiva de familiares concluyó que no existían condiciones ni garantías reales de solución. Rompieron el cerco, pasaron frente a ellos y les gritaron, les exigieron ayuda y que atendieran sus casos. 

Ante la ruptura de este perímetro artificial, quedó al descubierto la urgencia de reconfigurar la relación entre la sociedad civil y quienes sostienen la operatividad del Estado. Superar esta crisis exige un proceso consciente de desaprendizaje del miedo y la desconfianza entre ciudadanos. Es indispensable desmontar las narrativas de estigmatización que el aparato gubernamental expone en sus empleados para evitar que sigan funcionando como escudos inanimados de la cúpula política. 

El verdadero detonante para comenzar a cicatrizar esta profunda distancia radica en la construcción de una empatía activa y crítica. Si el servidor público de a pie, el trabajador precarizado de la ventanilla, el enlace territorial, el administrativo, logra reconocerse en la vulnerabilidad de las familias buscadoras y entender que la demanda de justicia no es una amenaza, sino un derecho fundamental, se abrirá la posibilidad de tejer puentes de solidaridad horizontal. Si se escucha activamente al otro, se entiende su dolor, solo así se desarmará el recelo inculcado y se recuperará la agencia de la función pública, que posibilitará entonces transformar el aparato burocrático en un instrumento de memoria, verdad y reparación integral.