A raíz de la reciente clasificación de los cárteles de droga como grupos terroristas por parte de Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, la atención se ha enfocado en los grandes cuerpos de narcotráfico que operan en el país. Sin embargo, existen grupos menores pero igualmente amenazantes, como el Cártel Chamula que, entre sus delitos, destaca por la operación de redes pornográficas de indígenas.
El etnoporno, término que refiere a la explotación sexual de mujeres indígenas, es un negocio adyacente del Cártel Chamula. Identificado como el primer y único cártel indígena en México, surgió a finales de los años 90 y principios de los 2000 como un brazo armado de los Zetas. En un contexto de pobreza extrema, desplazamiento por conflictos y ausencia del Estado, el cártel encontró en Chiapas un terreno fértil para fortalecer su estructura criminal y expandir sus operaciones.
El funcionamiento de esta red consiste en enganchar a mujeres indígenas de la comunidad tzotzil de todas las edades, incluso menores, en drogas baratas y sumamente adictivas como la piedra. Estas son ofrecidas gratuitamente durante un periodo de tiempo, y una vez que las mujeres, o niñas, desarrollan una adicción, los precios suben y suben hasta que para ellas es imposible pagarlos. Ahí empieza el truque, el cártel les ofrece droga a cambio de videos pornográficos grabados en hoteles que están bajo su control.
En un principio, las grabaciones son realizadas con el consentimiento forzado de las mujeres, quienes, empujadas por su adicción, acceden a ser filmadas. Los videos son posteriormente comercializados en los mercados más populares de Chiapas por tan solo 150 pesos mexicanos. La venta no se realiza de manera completamente clandestina, ya que basta con preguntar a los vendedores de películas piratas para encontrar grandes cantidades de etnoporno.
Para las mujeres, salir de este sucio negocio implica un costo aún mayor: entregar a otra víctima en su lugar. Amigas, madres, hijas, vecinas o incluso hermanas son ofrecidas al cártel como “reemplazo” para recuperar su libertad, perpetuando así una cadena de violencia y abuso.
De ahí que, la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, pidió directamente a la titular de la secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, y al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez que se investigue al cártel y se haga justicia con los responsables.
“Aquí es donde aplica el llegamos todas, no en el discurso, debe ser en los hechos” dijo mediante sus redes sociales.
Entonces, más allá de las clasificaciones de los cárteles como grupos terroristas, es urgente que el gobierno y la sociedad reconozcan y actúen en congruencia con la gravedad de estos crímenes violentos, denigrantes e inhumanos.
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