México vivió el pasado domingo un proceso electoral sin precedentes en su historia democrática: por primera vez, la ciudadanía fue convocada a elegir a 2,681 jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial tanto a nivel nacional como local. Esta elección, resultado de una ambiciosa reforma judicial aprobada en septiembre, buscó redefinir por completo el rostro del sistema judicial para la próxima década bajo la intención de limpiar al sistema judicial de la corrupción . Sin embargo, lo que debía ser un ejercicio de justicia democrática terminó marcado por una participación ciudadana históricamente baja: apenas el 13% de las y los mexicanos acudieron a las urnas.

Mientras analistas y medios señalaban la participación como un “llamado de atención” para el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, el discurso oficial fue otro. La presidenta electa calificó el resultado como un “éxito” comparándolo con las elecciones judiciales locales en Estados Unidos, donde la participación ronda el 20%. Para Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, la participación “cumplió las expectativas”.

En parte, la baja participación puede explicarse por las características del proceso: fue una elección intermedia, no partidista y, sobre todo, compleja.  Los cómputos distritales cerraron la noche del 3 de junio, con la designación de las cinco nuevas ministras de la Suprema Corte: 

• Lenia Batres
• Yasmín Esquivel 
• Loretta Ortiz
• María Estela Ríos
• Sara Irene Herrerías

También fueron elegidos cuatro ministros: 

• Hugo Aguilar Ortiz (quien presidirá la Corte por haber sido el más votado)
• Giovanni Figueroa
• Irving Espinosa
• Arístides Guerrero

La reforma estipula que la presidencia de la Corte se alternará cada dos años según el orden de votación. 

Según los datos del INE, la mayoría de los perfiles electos fueron propuestos por el Poder Ejecutivo, lo que ha encendido alarmas sobre la independencia del Poder Judicial. Diversos análisis de medios como Animal Político han descrito los perfiles electos como cercanos a la llamada “cuarta transformación”: Lenia Batres, fundadora de Morena y hermana de Martí Batres; Yasmín Esquivel, señalada por plagio en su tesis; y María Estela Ríos, exconsejera jurídica de AMLO.

Más allá de lo político, esta elección dejó también un profundo costo ambiental. Según NMAS, el INE imprimió cerca de 601 millones de boletas, de las cuales 520 millones quedaron sin usarse debido a la baja participación. Esta cantidad representa no solo un gasto de 754 millones de pesos, sino un impacto ambiental importante: la tala de casi un millón de árboles y el uso de 5,220 millones de litros de agua para su producción.

Aunque estos materiales se donan a la Comisión Nacional de Libros de Texto para su reciclaje, el desperdicio sigue siendo monumental. Este hecho ha reavivado el debate sobre la urgencia de modernizar el sistema electoral mexicano, y ha fortalecido las propuestas de voto digital.

Mario Campa, politólogo y economista, ha planteado con contundencia la necesidad de transitar a un sistema electoral con voto en línea, argumentando que no solo reduciría costos económicos y ambientales, sino que podría aumentar la participación y combatir el fraude. Este tipo de votación evitaría la manipulación de boletas físicas —susceptibles a alteraciones—, permitiría una difusión más amplia de los perfiles, y reduciría significativamente el tiempo de procesamiento y publicación de resultados. Además, el voto electrónico evitaría largas filas y traslados innecesarios, permitiendo que más personas participen sin afectar su rutina diaria. 

En la Ciudad de México, la participación apenas superó el 14%. Las alcaldías gobernadas por la alianza Morena–PT–PVEM fueron las que registraron mayor afluencia, mientras que solo un distrito gobernado por la oposición tuvo una “alta” participación (el distrito 19 de Coyoacán). Lo anterior, generó cuestionamientos, especialmente tras la denuncia sobre la distribución de “acordeones” electorales con recomendaciones de voto a favor de perfiles afines a Morena, presuntamente financiados por el Gobierno capitalino. Aunque la jefa de Gobierno, Clara Brugada, negó las acusaciones: “El Gobierno de la Ciudad de ninguna manera está influyendo para el tema interno de la elección del Poder Judicial”, varios medios difundieron fotografías de los acordeones. 

El INE ha culminado con el recuento de votos para jueces y magistrados en todo el país. El calendario avanza con fechas clave que van del 4 al 15 de junio, cuando concluirán los cómputos distritales y se formalizarán los nombramientos. Pese a los discursos triunfalistas desde el gobierno federal, esta elección deja muchas interrogantes abiertas: ¿puede hablarse de legitimidad con solo 13% de participación?, ¿cómo se garantiza la independencia judicial cuando los perfiles son tan cercanos al Ejecutivo?, ¿y qué tan sostenible es replicar un modelo tan costoso en papel y recursos?