Hacia el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, este hizo público el anuncio de un proyecto que planteaba la construcción de un Tren Interoceánico con el fin de conectar el Océano Pacífico y el Atlántico por medio del Istmo de Tehuantepec. Con ello, se proponía el inicio de una nueva etapa de desarrollo y prosperidad para el sur del país. Dicho proyecto fue concretado e inaugurado el día 22 de diciembre de 2023.

Con la incursión del Tren Interoceánico, se planteó un proceso de consultas para los pueblos originarios que serían incididos por el proyecto. Sin embargo, con la apertura del tren y el paso del tiempo, han comenzado a salir a la luz deficiencias, incongruencias y un sinfín de interrogantes que ponen en duda la credibilidad del plan gestionado.

El 14 de marzo de 2021, se concluyó una Asamblea Agraria que expedía, con su culminación, la firma de un documento que avalaba la compra de tierras por parte del gobierno para la construcción de un parque industrial que acompañaría al Tren Interoceánico. En el mismo aparecía la firma del señor Inocencio Morales, a pesar de que él había sido declarado muerto el 22 de enero de 2020 a causa de cáncer de páncreas. Murió incluso antes de que el anuncio del megaproyecto se hiciera público.

La Asamblea fue convocada por el ahora Senador Federal, Antonio Toledo, mismo que para ese momento era Presidente Municipal; además, contó con la participación del Notario Público No. 37. De ella surgió el documento anteriormente mencionado. Gracias a las irregularidades que mostraba el mismo, como firmas repetidas, otras varias falsificadas y un reporte de participación inflada, se promovieron diversos amparos que únicamente detuvieron momentáneamente el proyecto.

Desde el inicio de las negociaciones, con la primera consulta realizada en el año 2019, y con lo visto en la Asamblea convocada, se denotaban los objetivos reales de la administración. Pues, claramente se violaban convenios internacionales, como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

Cuando se planteó por primera vez el proyecto a las comunidades de la región, únicamente se les informó acerca de la intención de modernizar las vías férreas ya existentes, omitiendo la idea de la construcción de centros industriales como incentivo para impulsar la inversión nacional y extranjera. Así, las empresas que se asentaran en los terrenos podrían hacerse de los recursos naturales que la zona presentaba.

En cada uno de los eventos organizados por el gobierno federal, se presentaba la propuesta de la misma forma, sin una estructura real de consulta, sin planos de las construcciones, con la ausencia de algún análisis que mostrara el impacto ambiental venidero y sin una estrategia cimentada de la compra de terrenos. Por lo mismo, los presentes miembros de las comunidades indígenas aledañas calificaron a estas juntas como “simulaciones”.

Si bien, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas consideraba aplicar la consulta a 667 mil personas, todas ellas residentes de 47 municipios en la región, ésta únicamente llegó a 3,427 individuos. Aun con esta información, el Coordinador General de Derechos Indígenas del INPI mencionó: “Si bien no se ha seguido de forma estricta cada una de las etapas de la consulta, se ha dado una deliberación en un diálogo constructivo que va perfilando consensos”.

La misma práctica descrita del año 2019, el gobierno federal la repitió para el año 2021. Sin embargo, en esta ocasión se decidió ignorar a los pueblos indígenas y no se les reconoció dentro de los municipios impactados. Adicionalmente, el INPI promovió la acción de no consultar a los territorios a pesar de su autoadscripción como pueblo indígena. Si bien, finalmente, en 4 municipios sí se desarrollaron consultas; estas fueron expresas y no consensuadas.

Aunque diversas comunidades comenzaron a impulsar amparos en contra de la fiscalización de las tierras, así como a denunciar los hechos anteriormente descritos, la mayoría de ellos han decidido desestimar los procesos y ceder ante las presiones del Estado Mexicano. Pues los encontronazos y la represión ha sido basta en contra de los opositores de los megaproyectos, acciones que el gobierno ha celebrado, incluso llegando a declarar: “Por fin llegamos a una negociación y a un acuerdo con la comunidad, aceptaron ya la instalación del polo de desarrollo”.

– Créditos de la imagen destacada: cemda –