Una semana después del asesinato de Carlos Manzo, primer alcalde independiente de Uruapan, el gobierno federal anunció un nuevo plan de seguridad para Michoacán: El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia de 100 acciones con una inversión superior a 57 mil millones de pesos. La estrategia incluye el despliegue de fuerzas federales, reforzamiento de inteligencia y la creación de un mando coordinado con autoridades estatales. Sin embargo, el plan ha sido recibido con escepticismo. Legisladores opositores al oficialismo señalan que no se trata de nuevos recursos, sino de una reconfiguración mediática del presupuesto que ya se había destinado al estado.
Adicional al presupuesto anunciado por Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a dar seguimiento quincenal al plan en la conferencia mañanera, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, habló de incluir una inversión estatal de 2700 millones de pesos para seguridad, cultura, juventud, salud, turismo y apoyo al campo.
En Michoacán, los operativos conviven con un escepticismo profundo. Desde 2006, el estado ha sido laboratorio de distintas estrategias: el Operativo Conjunto de Calderón, el comisionado federal de Peña Nieto y la Guardia Nacional de López Obrador. Ninguno logró frenar al crimen organizado ni restaurar la confianza en las instituciones. Hoy, la violencia persiste y los municipios enfrentan una crisis de autoridad: alcaldes amenazados, policías infiltrados y comunidades que se declaran sin gobierno.
Entonces, el gobernador de Michoacán insistió en que esta es una historia con grandes diferencias dadas las reuniones con autoridades clave y sectores sociales. También se contemplan acciones de prevención del reclutamiento infantil, combate a la extorsión y justicia para comunidades indígenas. No obstante, los especialistas se mantienen críticos ante las similitudes del enfoque.
Se desplegaron más de 10 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional, junto con poco más de 1,700 marinos. Las fuerzas operarán con más de 1,000 vehículos artillados, 18 drones, helicópteros y sistemas antidrones, mientras la Marina reforzará vigilancia costera con seis buques y aviones de patrulla. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó la operación como “prioridad nacional” y anunció una visita a Uruapan tras la petición de la nueva alcaldesa, Grecia Quiroz, viuda de Manzo.
La reacción política fue dividida. Mientras la mayoría en San Lázaro, encabezada por Ricardo Monreal, respaldó el plan y prometió acompañar cualquier ajuste legal necesario, la oposición calificó la medida como “un discurso de buenas intenciones” sin respaldo presupuestal. El coordinador panista Elías Lixa afirmó:
Desde el PRI, el coordinador de bancada en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira acusó que el plan busca desactivar el descontento social tras el asesinato de Manzo, pero carece de recursos en el Presupuesto de Egresos 2026. Además, se señaló que la estrategia ignora otras entidades con crisis simultáneas como Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, entre otras.
Analistas señalaron vacíos en cuanto a la contemplación de políticas orientadas a la reparación del daño, la no repetición y la reconciliación social, ejes clave para romper ciclos de violencia comunitaria; el medio El País propone una lista de medidas al respecto. Además, se señala que el diseño acelerado del plan refleja una reacción política más que una planeación anticipada.
El Plan Michoacán pretende ser una nueva etapa de coordinación, pero su eficacia dependerá menos de las cifras anunciadas y más de si logra proteger efectivamente a las autoridades locales, restaurar capacidades municipales y garantizar justicia en casos emblemáticos como el de Uruapan. La presencia de soldados y drones puede contener el miedo, pero serán las investigaciones, los resultados vivenciales y la rendición de cuentas que podrán revertir la impunidad que como dijo Manzo se volvió parte del paisaje.
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