Los primeros 7 días de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum fueron la semana más violenta desde el 2022, sin embargo las consiguientes no se quedan lejos. Con brutales intentos de homicidio, asesinatos y desapariciones en toda la república, México no para de demostrar que la imparable ola de violencia es una constante amenaza para las y los mexicanos.  

Hace dos semanas, Sandra Domínguez, la activista indígena del grupo mixe en Oaxaca, desapareció junto con su pareja Alexander Hernández. La mujer de 38 años se ha dado a conocer por su lucha al combatir y exponer la red de pornografía en la que participaban al menos 140 personalidades de la política mexicana. En marzo del 2021 denunció al precandidato de Morena Humberto Santos, que aspiraba a la Cámara de Diputados local de Oaxaca, de haber creado un chat en Whatsapp llamado “SierraXXX” donde se compartían fotografías íntimas de mujeres indígenas. Muchas otras mujeres apoyaron su protesta, no obstante, ante la falta de respuesta de las autoridades, la denuncia se perdió. Dos años después, en 2023, Sandra volvió a denunciar otro chat llamado “Mega Peda” donde sucedían actos similares por parte de funcionarios públicos que, se especula, están involucrados con actos de violencia de género y feminicidios. Sus acusaciones desataron amenazas donde le demostraron que poseían información sobre ella y sus movimientos. En un vídeo compartido en redes dijo “Este es el Gobierno que tenemos, uno que protege a violentadores de mujeres”. 

El 17 de octubre durante la mañanera, a dos semanas del suceso, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió una pregunta al respecto diciendo que el gobierno de la república se encuentra laborando en el caso, además de que se cuenta con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Estatal para agilizar la búsqueda de Domínguez y su esposo. Por su parte, el secretario de Gobierno de Oaxaca, señaló que la desaparición podía estar vinculada con la presencia del narcotráfico en esa región. También afirmó que el esposo de Sandra estaba relacionado con ellos y que la fiscalía tiene elementos para demostrarlo. Pero, como aún resta la posibilidad de que personalidades involucradas en la red de pornografía, denunciada por la activista, esten envueltos, el secretario de Gobierno del estado dijo: “Si hay funcionarios del gobierno estatal involucrados en la desaparición de Sandra Domínguez, que renuncien y que se pongan a disposición de la fiscalía. Aquí en el gobierno de Oaxaca no se va proteger a nadie, que caiga quien caiga y que se aplique todo el peso de la ley sin impunidad”. Finalmente, Aracely Cruz, diputada federal del Estado de Oaxaca y amiga de Sandra, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, porque considera que la Fiscalía de Oaxaca “no tiene autonomía” para hacer su trabajo.

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El 15 de octubre el presidente municipal de Candelaria Loxicha, Oaxaca, Román Ruiz Bohórquez, murió tras ser apuñalado en su domicilio. Román era profesor en la  Universidad Autónoma Comunitaria de Oaxaca (UACO) y tenía poco más de un año como alcalde. En su comunidad, mayormente indígena, fue votado a puño y letra de los habitantes quienes escribieron su nombre en la planilla. La Fiscalía General de Oaxaca anunció que se está trabajando en el caso y, a pesar de que hasta el momento no hay ningún detenido, se garantizará que el suceso no quede en la impunidad.

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El 16 de octubre, el cuerpo de la maestra de biología, Marina N, fue encontrado descuartizado en el baño de su casa en Orizaba, Veracruz. La mujer de 48 años estaba en una de sus visitas periódicas a México, ya que reside en los Estados Unidos. Sus vecinos, a causa de los olores, llamaron a las autoridades quienes hallaron su cuerpo junto con una motosierra y dos cuchillos. La noticia produjo respuestas de sus exalumnos en Veracruz que la recuerdan con gran cariño. Así pues, Veracruz, se encuentra entre los primeros lugares de feminicidios a nivel nacional, con 43 registrados hasta finales de agosto del 2024. Ante esto, el gobernador morenista y su administración niega el aumento de la violencia y el alarmante problema que suponen los feminicidios.   

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El jueves 17 de octubre en la Ciudad de México, la abogada penalista y feminista Oralia Pérez Garduño fue víctima de homicidio tras recibir alrededor de 10 disparos mientras circulaba en su camioneta. La tragedia ocurrió a plena luz del día en las muy concurridas calles del Viaducto Miguel Alemán y el cruce con avenida Cuauhtémoc. La abogada era colaboradora en algunos medios de comunicación, como la Revista Valores, donde llegó a comentar la importancia y necesidad de crear fiscalías especializadas que atiendan los delitos de feminicidio. Igualmente, era partícipe en un proyecto que perseguía el cumplimiento de los derechos humanos y los tratados internacionales de los que México es parte. La mujer, que tenía entre 35 y 40 años de edad, dijo en su última entrevista “En esta profesión se van a encontrar con muchos obstáculos, más siendo mujeres, que siempre se rijan por lo que les marca sus conocimientos y sus valores como personas, que lo que sea que hagan sea con pasión a la profesión y con propósito de defender siempre a su cliente”. Aún no se ha reportado la detención de ningún posible culpable. 

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Ese mismo día, 17 de octubre en el centro histórico de la Ciudad de México, la diputada suplente del PRI, lideresa de comerciantes y activista trans, Diana Sánchez Barrios, fue atacada con arma de fuego. Estaba acompañada de su futuro yerno, quien murió en el ataque, y de otro hombre, que como ella resultó herido. Los disparos se produjeron en el cruce de Motolinia y 5 de Mayo donde otros pocos civiles también fueron víctimas. El suceso, se dice, podría estar conectado con su supuesta relación con la Unión de Tepito. La activista había sido detenida en marzo del 2021 debido a su posible participación en delitos de extorsión y robo cometido en pandilla. Esto resultó en un periodo de arresto domiciliario. Por otro lado, Diana Sánchez es fundadora de la ONG ProDiana A.C. que se describe como “comprometida con los derechos humanos de todos, el respeto y la no discriminación a la población LGBTIQ+ y grupos vulnerables”. En esa línea, la diputada suplente había acompañado recientemente a su hermana, la diputada Silvia Sánchez Barrios, también del PRI, con el propósito de presentar ante el congreso local, un acuerdo que conviene a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+.

Las autoridades de la ciudad se proclamaron al respecto. Por un lado, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc dijo “Exigimos justicia y pongo a la disposición de las autoridades toda la infraestructura que pueda ser útil de la alcaldía”. Igualmente, la jefa de gobierno morenista Clara Brugada informó que la policía y la fiscalía de la CDMX están trabajando para localizar y detener a los responsables. 

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Esta crónica encapsula solo una mínima parte de la inseguridad que se respira día con día en un país donde resulta imposible no temer la constante y brutal violencia. La violencia en México está en auge y no ha dejado a nadie atrás. Activistas, académicos, políticos y civiles están frecuentemente bajo amenaza, no solo por el narcotráfico o el crimen organizado, sino también por un sistema que parece perpetuar la impunidad y la corrupción. La desaparición de Sandra Domínguez, el asesinato de Román Ruiz Bohórquez y el feminicidio de Marina en Veracruz, entre otros, dejan al descubierto un país donde la defensa de los derechos humanos, la justicia y la verdad son actividades peligrosas, casi suicidas. Un país donde la vida no está asegurada para nadie y mucho menos la justicia.

Ante este aterrador panorama me quedó con dos grandes inquietudes: 

• ¿Cómo podemos aspirar a un cambio si los valientes que lo hacen son silenciados por la brutal violencia del crimen organizado y la complicidad del propio Estado? 
• ¿Es posible defender una causa que garantice la libertad,  la dignidad y los derechos humanos sin que eso signifique dar la vida a cambio?

– Créditos a imagen destacada: V+Noticias –