Tras la polémica desatada la semana pasada por la transmisión de un spot estadounidense antiinmigrante en televisión nacional, se propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ante la alta tensión política. Inicialmente, el objetivo era subsanar una laguna legal que permitía a gobiernos extranjeros contratar propaganda en México. Sin embargo, al avanzar en la discusión legislativa, se evidenció que el proyecto contenía intenciones mucho más profundas, como la posibilidad de bloquear plataformas digitales y redes sociales. Esto desató una fuerte controversia, frenó el proceso de aprobación y obligó al gobierno a abrir mesas de diálogo para rediscutir el contenido de la iniciativa.
Uno de los focos de preocupación fue el Artículo 109, el cual otorgaría a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la facultad de ordenar el bloqueo de plataformas digitales y perfiles en redes sociales, sin establecer criterios claros. Además, se ha señalado que, aunque se modifiquen artículos polémicos como el 109, la estructura general de la reforma sigue concentrando un poder excesivo en la nueva agencia centralizada que reemplaza el extinto organismo autónomo IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones. En sus declaraciones, Jorge Romero, presidente del PAN, mencionó que esto permitiría que “el gobierno sea juez y parte en la regulación de contenidos digitales”.
Otro punto de controversia es que, aunque la iniciativa también busca restringir la publicidad extranjera, sólo 3 de los 283 artículos del proyecto tocan el tema de la contratación de medios por gobiernos extranjeros, como denunció el senador Ricardo Anaya, quien acusó a los legisladores oficialistas de aprobar a ciegas el documento de la noche a la mañana:
“Ni siquiera lo han leído… vienen a levantar la mano y a votar lo que les instruyen”.
La votación del dictamen, originalmente programada para el lunes 28 de abril, fue aplazada a petición de la presidenta Claudia Sheinabaum, quien ordenó modificar o eliminar el polémico Artículo 109.
“Que vayan [al Senado] los expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado mexicano y que se abra la discusión, no se trata de imponer nada”.
Ahora, los legisladores tienen hasta el miércoles 30 de abril para votar los cambios o convocar a un periodo extraordinario.
Por otro lado, organizaciones como la International Chamber of Commerce México y la ONU han exigido que se incluyan a académicos, empresas e integrantes de la sociedad civil en la discusión, para asegurar que cualquier reforma respete los derechos fundamentales de los y las mexicanas. Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su disposición a participar en los ejercicios de consulta para enriquecer la legislación. De igual manera, el senador Adán Augusto López anunció ayer que se han iniciado reuniones con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) para escuchar las preocupaciones y enriquecer la propuesta.
Mientras tanto, en las calles, integrantes de organizaciones como el Frente Cívico Nacional protestaron afuera del Senado con consignas como “Ley censura, segura dictadura” y “El grupo en el poder nos quiere someter”.
En medio de la polémica, lo que decidan los legisladores definirá no solo el futuro de la reforma, sino también cómo se protege la libertad de expresión, los derechos humanos y la soberanía en los medios de comunicación en México.
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